Por medio de una serie de leyes el Gobierno ha puesto fin a la persecución de la energía solar en España, cuyo desarrollo se interrumpió de golpe cuando se impuso el peaje al autoconsumo, el llamado impuesto al sol. A esto se suma al descenso del coste de instalación de las placas fotovoltaicas, que se ha reducido un 85%. A todo esto habría que añadir las diferentes ayudas que ofrecen las comunidades autónomas. Estos factores permiten que familias, comunidades de vecinos y pymes se conviertan en generadores de su propia electricidad.

Desde octubre de 2015, fecha del frenazo, la producción de energía para consumo propio prácticamente se paralizó, lo que se espera paliar con la nueva normativa. Quizás a partir de ahora, nos acerquemos al nivel de países europeos con peores condiciones climáticas. Mientras la fría Alemania tiene más de 1,8 millones de instalaciones y el lluvioso Reino Unido supera las 800.000, en España apenas se alcanzan las dos mil, una cifra ridícula.

Además, se han reducido los trámites

Igualmente, el proceso burocrático para la instalación de placas solares se ha simplificado mucho. Hasta ahora había que hacer casi las mismas gestiones para poner en marcha una central nuclear, como la inscripción en el registro de instalaciones de producción de energía eléctrica y otras.

También se reconoce el derecho a la instalación compartida por parte de varios consumidores: edificios o urbanizaciones con múltiples propietarios; polígonos industriales y, por qué no, hasta pequeñas poblaciones.

Parece, por tanto, que es un buen momento para plantearse un cambio de modelo en el abastecimiento energético de nuestros hogares y empresas.

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