La menor demanda de las empresas durante el confinamiento ha sido el factor decisivo para que el precio de la energía haya bajado significativamente durante los meses de marzo y abril. Y en los hogares, a pesar de la mayor permanencia, el teletrabajo, los equipos electrónicos echando humo y los hornos haciendo bizcochos como si no hubiera un mañana, las tarifas ha bajado hasta un 17% para los consumidores del mercado regulado. Para los del mercado libre la cosa no está tan clara, los precios son los pactados previamente con las distribuidoras. En cualquier caso, tampoco han subido.

Pero parece que en este país, disfrutar de unas tarifas energéticas razonables es prácticamente imposible. La semana pasada la Vicepresidenta Cuarta para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (no había una denominación más larga), Teresa Ribera, anunció en el Congreso que, ante el desplome de los precios, habrá que actuar sobre los costes fijos del sistema eléctrico para garantizar «la viabilidad del sistema», algo que considera «fundamental para la credibilidad y confianza de los inversores«. Eso sí, estos cambios se harán, según el Gobierno, «sin generar presión desproporcionada a los consumidores».

Ante este panorama, y sin profundizar demasiado, el Gobierno tendrá seguramente que subir el importe de la factura de la luz a los consumidores con una subida de los cargos eléctricos o a través de nuevas tarifas. Todo este se verá y se sabrá en otoño, en función del nivel de la recuperación económica y cómo afecte al consumo, especialmente de las empresas. Está claro, para mantener «la credibilidad y confianza de los inversores» en esta situación de crisis acabaremos pagando los de siempre.