A mediados de julio nos despertábamos con la noticia de que Holaluz –una de las comercializadoras de energía más interesantes de nuestro país– se encontraba, junto a otras seis pequeñas energéticas, bajo la lupa del Ministerio para la Transición Ecológica. Según la prensa, el organismo oficial había iniciado procedimientos de inhabilitación y traspaso de clientes por no haber pagado a las distribuidoras que les suministran la energía eléctrica que ellas sí cobran a sus usuarios. En caso de sanción, estas empresas quedarían inhabilitadas, es decir cerradas, y, aquí viene lo sospechoso, sus clientes serían transferidos a una comercializadora «de referencia», es decir, a cualquiera de las grandes compañías.

Poco después, desde Holaluz aclararon que se trataba de un malentendido con una de sus distribuidoras (de la que no se conoce el nombre) que les había denunciado por incumplir algún término del contrato, pero negaron el impago. Aseguraron que ya se había solucionado el problema mediante la firma de un acuerdo y que ambas partes lo habían puesto en conocimiento de las autoridades. Si es así, el proceso se paralizará aunque, de momento, el Gobierno no ha informado de cambios en el expediente.

Es como si empresas como Holaluz, que nació de la mano de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios); que apuesta por las energías renovables; que pretende no estafar a sus clientes y que es una de las eléctricas que más crece –250.000 abonados y 500 nuevos contratos al día– molestaran en ciertos sectores, tanto políticos como empresariales. La conclusión, en las próximas semanas.