Todos los años lo mismo: llega el frío y con él las significativas subidas del precio de la electricidad, aunque tampoco hay que alarmarse (ya veremos cuando llegue la factura de enero). En realidad, estos aumentos puntuales afectan directamente a 4 de cada 10 hogares, sobre todo para quienes están en el mercado regulado. Los usuarios restantes tienen normalmente un precio fijo pactado con su compañía y hasta que no se renueve el contrato dará lo mismo que el precio suba o baje. Cuando toque revisar la tarifa (normalmente una vez al año) es cuando la compañía incrementará o incluso bajará (perdón por las risas) el precio.

Otra cosa muy distinta es que, cuando estas subidas se producen, normalmente cargamos las tintas sobre las compañías eléctricas. Ya sabemos que no son hermanitas de la caridad precisamente, pero habría que analizar cuáles son realmente los aspectos incluidos en la factura para hacernos una idea real sobre quiénes son los culpables de que la electricidad en España sea de las más caras de Europa.

En el precio final de la luz intervienen tres aspectos principales: generación, suministro e impuestos. La generación (es decir, la «fabricación») representa aproximadamente el 37% del importe de la factura. Las tarifas de acceso o peajes (el transporte) es otro 40%. Y ademas hay algunos elementos secundarios como el alquiler del contador. En total, la electricidad en sí nos cuesta aproximadamente el 78% de la factura. Por su parte los impuestos (el IVA y el de la electricidad) suponen un 22%. Se da la circunstancia de que el impuesto sobre la electricidad, –una tasa que se implantó para subvencionar la minería del carbón o las renovables y que es del 5%– se añade a la base imponible, a la que luego se añade el IVA, por lo que estamos pagando impuesto sobre impuesto, algo que, curiosamente, es legal.

La conclusión en que tenemos precios de generación y suministro de los más altos de Europa a lo que se añade un nivel de impuestos también de los más altos. Para las compañías eléctricas esto se debe a que dependemos en buena parte del clima en la creación de energía y este es inestable. Para el Estado, el IVA del 21% es una imposición de la Unión Europea, algo que se ha demostrado incierto estos días. La UE no especifica nada sobre la tasa a aplicar en este caso y, de hecho, hay muchos países que la tienen mucho más baja. Al final, entre unos y otros, pagamos los de siempre.